Guatemala

Desde el inicio de la década de los 2000, Guatemala ha entrado a una fase de crecimiento en cuanto a la población urbana, debido a dos factores que se combinan: a) crecimiento de población debido a tasas de fecundidad todavía muy altas, b) transición urbana, marcado por una emigración del campo hacia la ciudad. Según las proyecciones de la SEGEPLAN1, el país pasará, en los próximos 20 años, de contar con una población mayormente rural (48% rural en 2012) a ser una país mayormente urbano (70% urbano en 2032), debiendo incorporar 6 a 7 millones de personas adicionales a las ciudades en ese período de tiempo.

El modelo de desarrollo territorial en Guatemala se ha caracterizado en las últimas décadas por ser concentrador, excluyente, desequilibrado, desordenado y contaminante. Se define por el centralismo exacerbado y la primacía de la ciudad de Guatemala y a su vez una inmanejable dispersión territorial en centros poblados menores diseminados en municipios, dificultando el acceso a servicios básicos y alternativas de empleos que no sean agricultura (15,000 centros poblados con menos de 1,000 habitantes). El modelo ha conllevado a una reurbanización paulatina del campo sin ordenamiento territorial, provocando una pérdida de los suelos rurales y forestales por el avance del mercado del suelo urbano.

Las ciudades principales han crecido sobre la base de condominios y áreas informales, sin construir "ciudad" ni ciudadanía. Con una muy reducida capacidad de gestión a nivel local, las municipalidades no han respondido a los desafíos actuales del desarrollo territorial (menos de 5% de los centros poblados cuentan con plantas de tratamiento de aguas servidas) y menos se perfilan como capaces de asumir la recepción de los nuevos habitantes que ingresaran en los próximos 20 años.

Durante los últimos 20 años el país ha avanzado poco en materia de desarrollo urbano. Ha puesto en marcha una reforma institucional para el fortalecimiento municipal y la descentralización, pero los resultados son todavía muy discretos. Más allá de la ciudad capital que ha implementado procesos de ordenamiento territorial, pocos municipios han asumido la tarea de la planificación urbana. No existe aún a nivel del Estado un ente rector e interlocutor que pueda impulsar la vivienda y el ordenamiento territorial.

En los últimos tres años, se empezaron a gestar políticas públicas que ponen de manifiesto la necesidad de abordar el tema de las ciudades de manera más contundente. En el marco del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo “K'atun, Nuestra Guatemala 2032”, un plan que por primera vez traza para los próximos 20 años una serie de nuevas políticas territoriales en el marco del eje “Guatemala urbana y rural”. Según el K’atun, se requiere también del fortalecimiento y de la creación de una nueva institucionalidad capaz de gestionar los desafíos urbanos y territoriales del siglo XXI.

El K’atun abre la puerta la generación de una serie de acciones en materia de desarrollo urbano. Para responder a la urgencia nacional de creación de vivienda social y reducir los déficits abismales en la materia, con el objetivo de pensar en soluciones habitaciones seguras y en modelos de ciudades sostenibles para el futuro, donde la integración entre zona urbana y rural sea armoniosa.

El actual Gobierno del presidente Jimmy Morales ha privilegiado el tema de Vivienda y Desarrollo Urbano como una de sus prioridades. “La vivienda y una política de desarrollo urbano, con un plan de ordenamiento territorial se pondrán en marcha para sentar las bases de la Guatemala ordenada y urbanizada que se necesita para enfrentar los próximos 50 años,” expresó el Presidente Jimmy Morales, en su discurso de toma de posesión.

Para operativizar esa visión, el Presidente nombró a un Comisionado de Desarrollo Urbano, encargado de establecer la "Agenda Urbana de Guatemala". Conjuntamente con el Congreso de la República y la asociación de municipalidades, se está impulsando una iniciativa de ley de desarrollo en la que se plantea fortalecer la institucionalidad pública, creando el Ministerio de vivienda y ordenamiento territorial. El Ministerio tendrá la capacidad de acompañar las municipalidades en la formulación de sus planes de ordenamiento territorial y en el financiamiento de proyectos territoriales, habitacionales y estratégicos que el país necesita. La ley considera también el papel de la coordinación interinstitucional y el rol de los Consejos Departamentales de Desarrollo, donde municipios, ministerios y ciudadanía convergen para la planificación del presupuesto y de las obras públicas.

En el año de Hábitat III, en el país empiezan a darse los medios para abordar con seriedad el desafío de la urbanización, siguiendo las pautas que la Nueva Agenda Urbana marca para el mundo y la región.