Argentina

La República Argentina es un país federal, constituido por 23 provincias y una ciudad autónoma que dictan sus propias constituciones, se administran mediante sus respectivos poderes ejecutivo, legislativo y judicial y detentan todas las competencias no delegadas explícitamente por la Constitución Nacional al gobierno nacional. En el plano territorial específicamente, los gobiernos provinciales ejercen el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio y las atribuciones para establecer regulaciones sobre el uso de este último. A su vez, cada constitución provincial establece qué competencias delega a los gobiernos municipales, constituyendo así cada provincia un caso diferente en lo que respecta a su distribución.

En cuanto al nivel federal, la Constitución le otorga la responsabilidad de intervenir en la dinámica de producción del territorio estableciendo los “presupuestos mínimos” para garantizar que todos los habitantes gocen del derecho a un ambiente sano, equilibrado y sostenible (Art. 41). Asimismo, le otorga al Congreso nacional la potestad de “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio” y de “promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones” (Art. 75 inc.19).  

Si bien este mandato constitucional supone de hecho responsabilidades concurrentes en materia de ordenamiento territorial – sea este rural o urbano-, estas no están a la fecha reglamentadas en términos de derecho. Es de destacar que el texto constitucional no contiene definiciones y/o determinaciones referidas al territorio como materia de planificación u ordenación, hecho que conlleva mayor grado de dificultad a la hora de dirimir problemáticas interjurisdiccionales, así como a la de dictar políticas públicas vinculantes para todo el territorio nacional.

La Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo, los altos niveles de urbanización constituyen un fenómeno de larga data. Ya en el censo de 1914 la población urbana alcanzaba al 52,7% del total. En la actualidad se estima que asciende a un 92%. En relación con América del Sur, la tasa de urbanización es similar a la de Uruguay y la de Venezuela y algo superior a la del resto de la región, que promedia el 80,2%.

La tasa de urbanización es dispar entre las diferentes regiones del país, siendo más baja en las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y el Noreste Argentino (NEA).

Esta disparidad plantea la posibilidad de que se profundice aún más el proceso de urbanización, y conduce a preguntarse sobre las condiciones en las que ese proceso se desarrollará en el futuro, particularmente en referencia a las dinámicas productivas rurales y a la migración hacia las ciudades.

A su vez, la estructura del sistema urbano nacional está conformada por 1.044 aglomeraciones urbanas. En primer lugar, se destaca la Región Metropolitana de Buenos Aires y 4 grandes ciudades de más de 1.000.000 de habitantes (Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán), que reúnen casi el 50% de la población del país. Por otra parte, se reconocen 34 ciudades intermedias, entre 1.000.000 y 100.000 habitantes; 330 ciudades chicas, entre 100.000 y 10.000 habitantes y 675 pequeñas aglomeraciones entre 10.000 y 2.000 habitantes. Finalmente, población rural, menos de 2.000 habitantes que representan 9% de la población. 

La situación del hábitat urbano en la Argentina, tiene importantes déficits, ante los cuales resulta prioritario abordar la fragmentación existente y generar una ciudad integrada, incluyendo los asentamientos a la trama urbana contemplando la provisión de servicios básicos como agua y cloaca; accesibilidad; regularización dominial; mejoramiento del hábitat y la vivienda; mejoramiento del espacio público; construcción de equipamientos comunitarios, educativos, de salud y culturales. Asimismo, tomar medidas para el control de riesgos combatiendo las inundaciones con la creación de reservorios y parques hídricos. Otra de las prioridades es impulsar el desarrollo productivo del país, promoviendo el crecimiento de las economías regionales para lograr mayor autonomía y sustentabilidad de gobiernos provinciales y locales, y a su vez generar nuevos puestos de trabajo. 

Muchos de los déficits actuales son resultado de la escasa relación entre la planificación tradicional y la inversión. En este sentido, es importante recuperar la planificación territorial como herramienta para racionalizar y transparentar la toma de decisiones en la inversión pública. Es un desafío fomentar la participación; definir patrones urbanos sostenibles aumentando la resiliencia y disminuyendo los riesgos ambientales; planificar el crecimiento de las ciudades y la ubicación de las viviendas a construir promoviendo el uso racional del suelo para optimizar recursos; orientar infraestructura y servicios de acuerdo al patrón de crecimiento deseado para lograr una infraestructura eficiente; orientar la inversión pública impulsando la inversión privada; fortalecer las economías locales y su autonomía (actualización de información, planes estratégicos, aprovechamiento de recursos, estrategias productivas).

Para lograr esto se propone poner en práctica el sistema de priorización de proyectos para todas las áreas y escalas de gobierno; fortalecer el proceso de identificación y ponderación de la inversión en infraestructura y equipamiento; utilizar sistemas de información de fácil acceso como herramienta para los decisores políticos y para la comunidad e implementar sistemas de indicadores para el monitoreo y la evaluación de resultados.